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El helipuerto chueco de la Condesa

El 29 de septiembre de 2017, Los Supercívicos hicieron un programa de radio y un Facebook Live donde denunciaron la construcción de un helipuerto en un edificio de departamentos en el corazón de la colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc. Los vecinos argumentaron que esta construcción no contaba con los permisos adecuados, y contribuyó a que el edificio se viera gravemente afectado durante el sismo. Acá las imagenes que el dron de Los Supercívicos captó ese día:

Mexicanos contra la Corrupción investigó a fondo la historia detrás de este edificio.

Amanecer con un helipuerto como vecino

Texto: Claudio González Caraza
video: Gloria Hernández Cruz

Diez meses antes del sismo del 2017, habitantes del edificio ubicado en el 230 de la Avenida Nuevo León denunciaron que a unos metros de ellos se realizaba una construcción ilegal. Ninguna autoridad detuvo la construcción del helipuerto. Al final, ningún helicóptero aterrizó ahí; pero los daños que causó esta obra siguen impunes.

Alejandra Brito habitó el departamento 501 de Avenida Nuevo León 230, en la colonia Hipódromo, poco más de diez años: desde principios del 2007 hasta el 19 de septiembre del 2017. El día del sismo ella y sus vecinos tuvieron que desocupar sus viviendas. Doce meses después, varios de ellos aún no pueden regresar a su casa.

Un año antes del terremoto, los vecinos de Nuevo León 230 comenzaron una lucha en contra de la construcción de un helipuerto ilegal justo al lado de su edificio, en el número 238 de la misma avenida. Fue una batalla contra la construcción ilegal, pero también contra las autoridades delegacionales y capitalinas que no frenaron las obras a tiempo y que nunca impusieron los castigos que marca la ley.

Desde que Alejandra se mudó a Nuevo León 230, el edificio colindante al sur, el 238, había operado como una torre de oficinas. Alrededor de 200 trabajadores entraban y salían cada día de ese inmueble de nueve niveles y construido en 1961.

Hasta donde recuerda, en sus primeros nueve años viviendo en esa calle, nunca se dio algún acontecimiento fuera de lo ordinario en el edificio vecino. Pero en noviembre de 2016, sin aviso previo y sin cumplir la norma de construcción vigente —que obliga a quienes realicen una obra a proteger de la misma a sus vecinos colindantes—comenzó una construcción en la azotea del número 238.

Durante esos trabajos, Alejandra y sus vecinos del 230 tenían que subir a su azotea para recoger el cascajo que la obra de junto dejaba caer sobre su edificio.

Los residentes del 230 se manifestaron en contra de la obra, ya que tampoco contaba con un aviso de construcción en su fachada como también lo exige la ley. Pero las autoridades no frenaron los trabajos. Ni la delegación Cuauhtémoc ni el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) se presentaron en el sitio durante los últimos meses de 2016, cuando la construcción se llevaba a cabo tanto de día, como de noche.

En enero del 2017, la obra empezó a tomar forma. Una serie de columnas de acero estaban ancladas con descuido sobre los costados del edificio. Arriba de las columnas se colocaron unas láminas de metal corrugado. Por lo improvisada que se veía la estructura, los vecinos creyeron que era un roof garden. Para cerciorarse decidieron volar un dron sobre la azotea del edificio 238. Así se dieron cuenta que, en realidad, la nueva plataforma pretendía ser un helipuerto.

Un helipuerto en plena zona residencial, en una colonia que ha hecho de la bicicleta su estandarte de movilidad.

Durante los primeros días del 2017, el Comité Vecinal de la colonia Hipódromo presentó formalmente su queja en una reunión con Zuleyma Huidobro, titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Su reclamo tenía fundamentos: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Hipódromo del año 2000 prohíbe, de manera explícita, los helipuertos.

Días más tarde, ante la inacción gubernamental, vecinos de la zona convocaron a una manifestación afuera del 238 de Nuevo León. Eso funcionó. El 27 de enero, un día antes de la protesta, Huidobro acudió a frenar los trabajos que todavía se realizaban en la azotea del edificio, poniendo sellos de clausura de obras a la entrada del inmueble.

Huidobro compartió la acción tardía de la delegación en su cuenta de Twitter: “Seguimos atendiendo las quejas vecinales como prioridad del gobierno del jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila con total transparencia”.

Hay, sin embargo, un detalle que la delegación nunca transparentó: miembros del equipo de campaña de Ricardo Monreal ocuparon oficinas en el edificio número 238 de avenida Nuevo León durante el 2015, año en que el zacatecano fue electo para el cargo de delegado.

La autoridad y el infractor no eran del todo ajenos.

En septiembre del 2015, el mes anterior a que Monreal asumiera su cargo, Alan Macías y Rocío Portillo, miembros del equipo de comunicación social de la delegación, compartieron en sus redes sociales fotografías tomadas desde una oficina en Avenida Nuevo León 238. En una de las imágenes aparece Paris Cervantes, quien formaría parte del gabinete de Ricardo Monreal como director de comunicación social de la delegación Cuauhtémoc.

En entrevista telefónica, Paris Cervantes confirmó que tanto Macías como Portillo fueron miembros del equipo de comunicación social de Monreal en campaña. También aceptó que se incorporaron al equipo de comunicación social de la delegación una vez que Monreal asumió como titular. Sin embargo, dijo no recordar si algún día visitó esas oficinas. Aseguró que durante el periodo de transición él solía despachar desde su casa.

Clausura sin efecto

Las obras en la azotea de Avenida Nuevo León 238 continuaron aún con los sellos sobre el inmueble, como consta en un video que grabó el propio Comité Vecinal el 15 de julio de 2017.

—Los sellos, tanto de la delegación como del Invea, fueron una farsa. El helipuerto terminó de construirse sin la más mínima molestia por parte de autoridades y con el inmueble supuestamente clausurado —recuerda Mony de Swaan, propietario de un departamento en el edificio de Avenida Nuevo León 230.

El artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal establece que romper los sellos colocados por la delegación es un delito que se castiga con dos a siete años de cárcel.

No se impuso castigo alguno por el quebrantamiento de sellos, de acuerdo a Mariana Gil, abogada que representa a vecinos del edificio 230.

También en respuesta a la movilización vecinal, en febrero del 2017 el Invea dictaminó que el helipuerto construido en el corazón de la Condesa era ilegal, por lo que ordenó su demolición y fijó una multa de 110 mil 281 pesos.

La empresa detrás del inmueble, Helicópteros de Puebla S.A. de C.V., salió de inmediato a proteger su construcción. Se amparó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y pidió un juicio de nulidad sobre la decisión del Invea. Los representantes legales de la compañía son los empresarios poblanos Julián Manuel Ventosa Aguilera y Julián Ventosa Tanus.

Una empresa de la familia Ventosa, Grupo JV (Julián Ventosa), ha desarrollado edificios de oficinas, plazas comerciales y proyectos residenciales en Veracruz y Puebla. Dos de sus torres de oficinas en la ciudad de Puebla cuentan con helipuertos.

El amparo promovido por Helicópteros de Puebla se resolvió siete meses más tarde, casualmente la mañana del 19 de septiembre del 2017. El magistrado Rubén Minutti Zanatta negó el amparo que buscaba anular la decisión del Invea y ordenó proceder con la demolición. A las pocas horas llegó el sismo. Cuando los vecinos ganaban la partida legal, perdían sus casas.

 “Castillos” que rompen muros

Durante el temblor, los edificios 230 y 238 de Avenida Nuevo León chocaron con fuerza. El ubicado en el número 238, de nueve niveles y que no estaba diseñado para la carga adicional que representaba el helipuerto en su azotea, sufrió daños estructurales. Fue desocupado.

El número 230 —construido en 1950, con seis niveles y 15 departamentos— también tuvo daños considerables. Todos los departamentos presentaron grietas en los muros. Sus escaleras y otras áreas comunes quedaron muy dañadas. El edificio se desalojó. El dictamen del Instituto para la Seguridad en la Construcciones, presentado semanas después del sismo, corroboró que el inmueble era inhabitable.

Los contratos de arrendamiento se cancelaron y los propietarios de los departamentos han tenido que invertir 5 millones de pesos sólo en las reparaciones de su inmueble.

El golpeteo fue aún más brusco a la altura del sexto nivel del 230, donde los edificios estaban separados por no más de 30 centímetros. Ahí estaba atorado un “castillo” (un pedazo de cemento y varillas) que se desprendió del 238 durante la construcción del helipuerto y que cayó en medio de los inmuebles, dada la nula protección con la colindancia.

Durante el sismo, el castillo quebró un muro de carga del departamento 503 de avenida Nuevo León 230; dejó un hoyo de un metro y medio de diámetro. El castillo cruzó el interior del departamento 503, rompió la ventana y terminó en el balcón. Hasta julio de 2018, más de la mitad de los departamentos del número 230 seguían deshabitados.

Demuelen helipuerto, continúa impunidad

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2018, nueve propietarios del edificio 230 presentaron una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México (Fedapur) en contra de las autoridades o los particulares que resultaran culpables de la construcción ilegal en el edificio colindante con el suyo.

En su denuncia, los propietarios citan el dictamen postsísmico aprobado por el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, miembro del Colegio de Arquitectos, en el que se describe una “afectación severa” al edificio en Nuevo León 230, “por estructura irregular (helipuerto) en predio colindante Nvo. León 238”.

La denuncia también cita tres dictámenes estructurales postsísmicos realizados por el ingeniero civil Ernesto Rodríguez Hernández y que fueron entregados a los propietarios del edificio 230 por la Directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta.

El primero, con fecha del 27 de septiembre del 2017, señala el fuerte golpeteo de los dos edificios y el daño que eso provocó, pero no se hace mención del helipuerto.

Dos días después, el 29 de septiembre, el mismo ingeniero Rodríguez Hernández presentó—de nueva cuenta a través de funcionarios de la delegación Cuauhtémoc—un segundo dictamen. En ese documento asegura que “la plataforma que se está construyendo [el helipuerto] no tuvo nada que ver con el golpeteo entre los dos edificios”.

El 2 de octubre, Rodríguez Hernández presentó un tercer dictamen a la delegación Cuauhtémoc. Ahí modifica una vez más su conclusión; asegura que al edificio 232 le fueron retiradas estructuras en la azotea aligerándolo. Nada dice del helipuerto. En su denuncia, los propietarios del edificio número 230 señalan que esos tres dictámenes fueron pagados y encargados por los propietarios del inmueble número 238, los señores Ventosa. Aunque no presentan pruebas de que así haya sido, lo que sí se sabe es que los señores Ventosa presentaron, ante la Fedapur, uno de los dictámenes del ingeniero Rodríguez Hernández —el que contiene la conclusión que más les favorece— como evidencia a su favor.

La denuncia que presentaron los propietarios del edificio 230 llevó a que la Fiscalía de Delitos Ambientales abriera una carpeta de investigación con número CI-FEDAPUR/A/UI3CD/1577/10-2017. Sin embargo, esta fiscalía contó con pocos elementos para realizar su investigación.

Unas semanas después del sismo y en contra de las solicitudes de los vecinos afectados que demandaban al Subsecretario de Obras de la Ciudad de México levantar periciales independientes, el helipuerto se demolió.

Sin el helipuerto es difícil determinar si el peso que agregó al edificio fue un factor que incrementó el golpeteo con el inmueble vecino, como el arquitecto Villaseñor Jiménez sugirió en su dictamen postsísmico.

Otro impedimento para la Fedapur fue la falta de documentos. Los ministerios públicos de esa instancia no tuvieron acceso a planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo ni tampoco a las bitácoras de obra del edificio número 238; documentos cruciales para determinar el comportamiento del edificio durante el sismo. Según un dictamen técnico realizado por el arquitecto Saúl Díaz Godínez, y que forma parte de la carpeta de investigación, la Fedapur le solicitó esos documentos a la delegación Cuauhtémoc, pero esta dependencia nunca se los proporcionó.

El 1 de junio de 2018, Mercedes Gutiérrez Salinas, ministerio público de la Fedapur, propuso no ejercer acción penal con el argumento de que no se contaba con elementos suficientes para fincar responsabilidades.

Los vecinos de Avenida Nuevo León 230 no se dan por vencidos; han decidido que darán seguimiento a su denuncia por los cauces legales que tengan a su alcance.

Haz clic aquí para ir a la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y conocer todas las historias de los edificios que sufrieron daños en el 19S para identificar cómo la corrupción mata y destruye el patrimonio de las personas.

A casi un año Nuevo León 230 no está habitado por completo Fotografía enviada al correo de MCCI
A casi un año Nuevo León 230 no está habitado por completo
Fotografía enviada al correo de MCCI

 

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